Con el propósito de lograr una reducción en la violencia que se comete al interior de las familias y que desafortunadamente sigue siendo una constante en todo el mundo, el diputado y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso del Estado, Eduardo Castillo López, presenta la iniciativa de ley a través de la cual se incrementan las sanciones para agresores en el vínculo familiar.

Esta iniciativa de ley se construye otorgando relevancia a mujeres en gestación y personas con capacidades diferentes, quienes no estaban incluidos en la norma vigente.

La iniciativa que incluye reformas a los párrafos tercero y cuarto del artículo 284 Bis del Código Penal del Estado, refiere el siguiente cambio:

Vigente: A quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito; y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos.

La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años, o que la víctima sea una niña, niño o adolescente.

Reforma: A quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de cincuenta hasta doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de la comisión del delito; y estará sujeto a tratamiento integral para su rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos.

La penalidad descrita en el párrafo anterior se aumentará hasta en una mitad, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años, o que la víctima sea una niña, niño o adolescente, persona con capacidades diferentes, o mujer en periodo de gestación.

Al presentar la iniciativa ante el pleno del Congreso del Estado, el diputado Castillo López explicó que la violencia familiar es un problema con raíces tan profundas, que ni siquiera con la pandemia por SARS CoV-2 han disminuido los casos.

“Al contrario han aumentado, tal y como lo señaló la titular del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia en el municipio de Puebla, al indicar que en el año 2020 se atendieron 126 reportes por violencia familiar, en contra de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad”, refirió.

En la iniciativa se determina incluir a personas con capacidades diferentes, protegiéndolas de agresiones; esto contemplando que dicho sector, sufre de violencia familiar y pese a ello no han recibido la importancia que merecen, aún cuando representan el 15.4% de la población del estado de Puebla.
Incluso el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el legislativo informó “tan sólo en el año 2021 se reportaron 8 mil 018 denuncias por violencia familiar, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Finalmente, la importancia que recae entre las mujeres embarazadas, tiene su fundamento en que se han considerado como sujetos de estudio a las mujeres en gestación derechohabientes de la Unidad de Medicina Familiar 171 del IMSS, organismo que ha identificado una prevalencia de 18.6% de embarazadas que han sido víctimas de violencia familiar.