La diputada federal del PRI, Blanca Alcalá Ruiz denunció que la crisis del sector cultural se ha venido agudizando en los últimos años, por visiones retrogradas que no valoran en su justa dimensión los múltiples beneficios que la cultura y sus manifestaciones y expresiones llevan a las sociedades.

Afirmó que la cultura es el alma de una sociedad vibrante que contribuye a mejorar la calidad de vida y a su vez ayuda a aumentar el bienestar general tanto de las personas como de las comunidades, además de proporcionar importantes beneficios sociales y económicos.

Lamentó que la insuficiencia presupuestal en el sector cultural ha impactado en la caída del empleo y de la producción, además la falta de inversión de entidades federativas y municipios, han provocado un largo proceso en la recuperación de empleos, de espacios, de servicios y de proyectos productivos.

“De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, hasta el cierre de 2021, la pérdida del empleo en el sector cultura se había incrementado a 18.5 por ciento del total de empleos registrados al inicio de la pandemia, mientras que el PIB con el que participa la cultura cayó de 3.1 por ciento a 1.6 por ciento. Esto se debe a que en gran medida las actividades culturales y el consumo cultural depende de producciones y actos presenciales”, apuntó.

Es por ello, que, a través de una iniciativa, la congresista poblana propuso una reforma para adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa a las tarifas especiales de conservación a visitantes no nacionales.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro planteó la adición de dos párrafos al artículo 288-G, para permitir a las instituciones competentes y los museos, disponer a corto y mediano plazo, de acuerdo sus necesidades, de los recursos autogenerados y de una capitalización por los servicios culturales prestados.

Adicionalmente, propuso el establecimiento de una tarifa especial de conservación aplicable en los periodos de mayor afluencia para los visitantes no nacionales, a consideración de las instancias responsables de los museos propiedad de la Federación y administrados por la Secretaría de Cultura, la cual no podrá exceder 25 por ciento de las cuotas establecidas.

Indicó que están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y morales que usen o aprovechen bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación en los museos, bibliotecas, recintos culturales y artísticos y demás inmuebles administrados por la Secretaría de Cultura.

El pago de los derechos, abundó, se efectuará previamente a la realización del evento. Las cuotas se incrementarán proporcionalmente a partir de la terminación de la cuarta hora de acuerdo con la duración total del evento. No estarán obligados al pago de los derechos al que el mismo se refiere las instituciones públicas que realicen conjuntamente con la Secretaría de Cultura, eventos culturales, educativos, cívicos o de asistencia social, así como las que realicen actividades de promoción, difusión y comercialización culturales, educativas, cívicas o de asistencia social, previa celebración de un convenio.

Detalló que, por el uso, goce o aprovechamiento, con fines comerciales para filmación, videograbación y tomas fotográficas de museos, bibliotecas, recintos culturales y artísticos y demás inmuebles administrados por la Secretaría de Cultura se pagará el derecho de filmación y tomas fotográficas conforme a las siguientes cuotas:

Filmaciones o videograbaciones: Por día 12 mil 552 pesos y cuando se trate de locaciones 81 mil 136 pesos. Tratándose de tomas fotográficas, 6 mil 275 pesos por día.

La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, destacó que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos, se destinarán al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Secretaría de Cultura, según corresponda, para la investigación, restauración, conservación, mantenimiento, administración y vigilancia de las unidades generadoras de los mismos y, en un 5%, respecto de los ingresos generados por los derechos a que se refiere el artículo 288 de esta Ley, a los municipios en donde se genere el derecho, a fin de ser aplicados en obras de infraestructura y seguridad de las zonas, con base en los convenios que al efecto se celebren con las entidades federativas y los municipios respectivos.

Los institutos y las dependencias adscritas a la Secretaría de Cultura podrán disponer de los recursos obtenidos por el cobro de derechos para el desarrollo de acciones y programas prioritarios, de conformidad con sus atribuciones legales y con pleno respeto a los derechos culturales de los mexicanos.

Blanca Alcalá señaló que el monto de los recursos generados por cada institución y su aplicación será informado con toda oportunidad a la Tesorería de la Federación con base en las disposiciones aplicables.

Aseveró que los recursos del sector cultura, producto del cobro de derechos, contenidos en el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, “son necesarios para poder complementar su presupuesto”.

La congresista tricolor lamentó que el presupuesto del sector cultura se ha venido reduciendo, producto de la política de austeridad y de recortes anuales, que limitan las funciones, programas y facultades que se ejercen con dichos recursos, que ya han provocado el cierre de museos, salas de conciertos, zonas y sitios arqueológicos en ciertas épocas del año, o han reducido sus días de servicios durante la semana.

La integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, apuntó que los recursos producto del cobro de derechos es cada vez más determinante para los institutos federales y dependencias de la Secretaría de Cultura.

“En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos la certeza de que la cultura puede contribuir de manera más importante, respecto de lo cual ya lo hace, al mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos, incluyendo el fortalecimiento de la economía nacional”.

Por otra parte, y con el objetivo de incentivar y promover el acercamiento de los jóvenes a los museos, planteó aumentar de 13 a 15 años el rango de edad para la excepción del pago de derechos de las 9:00 a las 17:00 horas.