La controversia por el contrato del nuevo sistema de videovigilancia municipal otorgado a Informatik Business Solutions (IBS) —empresa propiedad de Ángelo Lemini Borzani, hermano del tesorero municipal Pedro Lemini Borzani— volvió a escalar luego de que el empresario fuera visto arribar al Ayuntamiento a bordo de un Porsche azul, un vehículo de lujo que permaneció estacionado en un espacio destinado exclusivamente a unidades oficiales del municipio.
De acuerdo con testigos, el automóvil estuvo varias horas frente al Palacio Municipal, mientras que fuentes internas refirieron que Lemini Borzani sostuvo una reunión prolongada con autoridades locales, presuntamente para revisar avances o posibles ampliaciones del proyecto de videovigilancia. El hecho ha despertado nuevamente cuestionamientos sobre la falta de transparencia, los costos reales de la inversión y la relación directa entre el tesorero y la empresa beneficiada.
El contrato con IBS, que incluye la instalación de cámaras, fibra óptica y un centro de monitoreo, no aparece publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Hasta el momento, se desconoce el monto total, los criterios de adjudicación y si existió algún proceso de licitación pública.
La presencia del empresario en un vehículo de alta gama en un área reservada para vehículos oficiales ha sido vista por vecinos y empleados municipales como un reflejo del trato privilegiado que existe hacia la compañía del hermano del tesorero. “Se quedó varias horas adentro, fue una reunión larga, seguramente para más proyectos”, comentó una fuente que pidió el anonimato.
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno mantiene abiertos más de 200 expedientes contra funcionarios municipales por presuntas responsabilidades administrativas, aunque sus nombres no se han revelado por estar bajo proceso. Sin embargo, la reciente aparición de Lemini Borzani frente al Ayuntamiento vuelve a poner sobre la mesa los cuestionamientos sobre cómo se manejan los contratos y la vigilancia de los recursos en los municipios.
Hasta ahora, ni el Ayuntamiento ni el gobierno de Puebla han emitido postura sobre el posible conflicto de interés ni sobre la falta de transparencia en el contrato con IBS, cuyo representante mantiene vínculos familiares directos con uno de los funcionarios más cercanos al presidente municipal, Juan Manuel Téllez Salazar.
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