Dicen los que Saben que el legado de Miguel Barbosa, considerado uno de los peores gobiernos que ha tenido Puebla en las últimas décadas, sigue revelando su verdadero rostro.
Lo que se prometió como un gobierno de “austeridad republicana” terminó evidenciando prácticas financieras opacas, una estructura de poder cerrada y decisiones cuestionables.
La caída de Teresa Castro Corro no borra ese pasado; más bien lo exhibe con claridad.
En Puebla, los fantasmas del barbosismo aún pesan: contratos, fideicomisos, inversiones y nombramientos siguen bajo la lupa. La sanción a la ex secretaria de Finanzas es apenas un recordatorio de todo lo que falta por aclarar.
No hay que olvidar que Castro Corro fue vista como intocable. Era, para muchos, el rostro técnico de un gobierno autoritario, el engranaje que convertía las órdenes políticas en decisiones financieras.
La resolución judicial —dictada dentro del expediente 134/2024-PRA-SERA-2— incluye una multa por 362.9 millones de pesos y una inhabilitación por dos décadas. Envía un mensaje claro: la impunidad ya no será tan automática como antes.
Pero también deja preguntas abiertas: ¿actuó sola? ¿Hubo más responsables en la cadena de mando? ¿Qué sabían el exgobernador y otros miembros del gabinete sobre estas inversiones?
Lo cierto es que veinte años de inhabilitación no alcanzan para resarcir el daño causado por una mala decisión financiera. Pero sí pueden servir de advertencia: quien juega con dinero público, juega con fuego.
Dicen los que Saben que el caso Castro Corro debe marcar un antes y un después en la administración estatal.
Porque si, después de todo —tras el expediente y las sanciones— nadie recupera un solo peso y nadie más asume su responsabilidad, entonces el mensaje será el de siempre: que en Puebla el castigo sólo alcanza a quienes ya no tienen poder. ¿O no?
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