Padres de familia denunciaron a la empresa Boomerang Consulting por incumplimiento relacionado con el curso “YouTubers Kids” que cobraron por adelantado y es la fecha que no han cumplido con lo establecido en su oferta.
De acuerdo con uno de los testimonios recibidos, un padre de familia realizó un anticipo para asegurar un lugar en el curso, cuya primera fecha estaba programada para abril de 2026. Posteriormente, la empresa informó que el curso sería reprogramado para mayo de 2026; sin embargo, esa fecha tampoco se cumplió y, según el afectado, durante varias semanas dejó de recibir información sobre el estatus del curso.
Tiempo después, Boomerang Consulting notificó una nueva fecha para el 4 de julio de 2026, la cual nuevamente fue cancelada o reprogramada, sin que hasta el momento el servicio contratado haya sido prestado.
Tras más de tres meses de espera y diversos cambios de fecha, el afectado solicitó el reembolso del anticipo. Como respuesta, la empresa manifestó que “no maneja devoluciones”, argumentando que esa condición forma parte de las cláusulas aceptadas antes de realizar el pago. No obstante, el denunciante sostiene que su solicitud no obedece a una cancelación voluntaria, sino al hecho de que el servicio no ha sido prestado conforme a las fechas originalmente ofrecidas.
De acuerdo a testimonios de los afectados, la empresa también solicitó al cliente confirmar si “cancelaba su asistencia” o si tomaría el curso en una fecha futura, indicando que, en caso contrario, se registraría como “inasistencia”. Para el afectado, este tipo de respuesta busca trasladar al consumidor la responsabilidad de un incumplimiento originado por los constantes cambios de fecha y utilizar la cláusula de “no devoluciones” como un mecanismo para evitar el reembolso, aun cuando el servicio no ha sido prestado en los términos originalmente pactados.
A partir de este caso, la redacción identificó publicaciones y comentarios en redes sociales en los que otros usuarios refieren experiencias similares, por lo que se inició la recopilación de información para conocer el alcance de los señalamientos y determinar si existe un patrón de conducta.
Durante la revisión de la información pública de Boomerang Consulting, se observó que la empresa se presenta con más de 15 años de experiencia en capacitación, identifica como responsable a Héctor Castillo y señala como domicilio Río Grijalva 205, Colonia Del Valle, Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, llama la atención que pese a la trayectoria que afirma tener, no se identifica un número telefónico fijo o un canal formal de atención al cliente, concentrando la comunicación principalmente a través de WhatsApp Business y medios digitales, situación que ha generado inquietud entre algunas de las personas que afirman haber resultado afectadas.
Ante los señalamientos recibidos, se recomienda a madres, padres y tutores verificar cuidadosamente la información de cualquier empresa antes de realizar pagos anticipados, solicitar contratos, comprobantes fiscales y documentos que respalden la contratación, así como conservar toda la evidencia de las comunicaciones, cambios de fecha y transacciones realizadas.
La acumulación de testimonios, los constantes cambios de fecha, la falta de certeza sobre la realización de los cursos, la negativa de reembolsos y la aplicación reiterada de cláusulas de “no devolución”, han comenzado a generar una creciente preocupación entre los afectados.
Diversos denunciantes consideran que estos hechos dejan de parecer casos aislados y comienzan a dar la impresión de un esquema de operación cuidadosamente estructurado para retener los recursos de los consumidores, lo que hace que esta situación empiece a percibirse como un posible fraude organizado. No obstante, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar si existió o no la comisión de algún delito o infracción a la legislación aplicable.
Por ello, los afectados hacen un llamado a cualquier persona que considere haber sido afectada por esta situación a compartir su testimonio y la documentación que lo respalde, así como a presentar la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o, en su caso, ante la autoridad ministerial competente, con el fin de que los hechos sean investigados y se determine si existe un patrón de afectación hacia los consumidores.
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