La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara compareció en el Congreso del Estado, donde dio a conocer los programas de la dependencia para el fortalecimiento de las políticas de protección ambiental y territorial, a través de acciones como la gestión de residuos sólidos, la aplicación de políticas para el bienestar animal, la implementación de un programa histórico de reforestación, así como las medidas para la prevención de desastres y resiliencia.
Diputadas y diputados plantearon cuestionamientos sobre las acciones emprendidas en colaboración con la Fiscalía para la investigación de delitos contra los animales, los índices de aprobación en centros de verificación, el seguimiento del programa de ordenamiento ecológico, así como la cantidad de bancos de tiro.
Ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado, la funcionaria indicó que se realizaron 556 mil 336 pruebas de verificación vehicular correspondientes al primer semestre de 2023.
En el caso de la disposición de residuos sólidos, destacó que durante 2023 se autorizó a 764 vehículos para el transporte y recolección de residuos de manejo especial; 33 centros de acopio y almacenamiento, así como 15 centros de reciclaje y reutilización con capacidad de manejo, en conjunto, de 202 mil 147 toneladas mensuales. Además, se brindó asesoría a los rellenos sanitarios que se encuentran en diferentes municipios del Estado.
La secretaria de Medio Ambiente subrayó que el bienestar animal es una prioridad para la administración estatal, por lo que se realizaron 42 reuniones y mesas de trabajo con 48 asociaciones, organizaciones y activistas, que realizan actividades de protección animal en 18 municipios y se efectuaron 290 visitas de inspección, lo que derivó en el aseguramiento precautorio de 54 animales por constatarse situaciones que ponían en riesgo su vida.
Además, se emitieron 21 resoluciones para sancionar a las personas infractoras en los casos en que se determinó la existencia de crueldad animal, se presentaron 47 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y se realizaron 26 diligencias forenses, incluyendo 18 necropsias macroscópicas, 2 valoraciones médicas y 6 valoraciones conductuales, de las que se rindieron 22 informes y dictámenes ante el Ministerio Público.
Durante la comparecencia, la diputada sin partido, Laura Zapata Martínez preguntó a la secretaria de Medio Ambiente sobre las acciones emprendidas en colaboración con la Fiscalía para la investigación de delitos contra los animales, las medidas para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos, así como las acciones para promover la economía circular y prácticas sostenibles.
A nombre de la Representación Legislativa del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Jaime Natale Uranga cuestionó a la funcionaria sobre los índices de aprobación vehicular en los centros de verificación de la entidad, así como las acciones y retos del Instituto de Bienestar Animal.
En representación del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, la diputada Nora Merino Escamilla preguntó a la secretaria de Medio Ambiente qué acciones se han realizado para la elaboración y seguimiento del programa de ordenamiento ecológico de Puebla.
A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez preguntó a la secretaria las acciones para atender la contaminación del Río Alseseca, el número de bancos de tiro con los que cuenta la entidad para los desechos de manejo especial y las acciones para prevenir y combatir la contaminación de las industrias.
El diputado Roberto Solís Valles, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Morena preguntó a la secretaria de Medio Ambiente sobre los avances del Programa de Reforestación en la entidad y las expectativas para este año, así como los avances en las acciones del Instituto de Bienestar Animal.
De igual manera, a nombre del Partido Morena, la diputada Azucena Rosas Tapia preguntó sobre cómo la dependencia ha atendido las denuncias ciudadanas; así como las acciones implementadas para combatir la contaminación visual, y los recursos que se han ejecutado para la clausura y retiro de las estructuras.
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