Ante la inminente reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de jornada laboral, resulta fundamental que las organizaciones, tanto del sector privado como del sector público, analicen y establezcan acciones, estrategias y controles que les permitan cumplir adecuadamente con esta nueva obligación legal, sin afectar de manera negativa sus procesos productivos y administrativos, señaló Darío Zamorano Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP).
En rueda de prensa, explicó que actualmente, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una jornada laboral de ocho horas diarias. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala como duración máxima de la jornada: ocho horas para la diurna, siete horas para la nocturna y siete horas y media para la mixta. En materia de descanso, se establece que por cada seis días de trabajo se disfrutará de un día de descanso, lo que da como resultado una jornada semanal de 48 horas, esquema bajo el cual opera hoy en día la mayoría de las organizaciones del país.
Con respecto a la cronología de esta iniciativa, el 1 de mayo de 2025, durante la Conmemoración del Día del Trabajo, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, anunció la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dicha reducción se planteó de manera gradual hasta enero de 2030, mediante un proceso de diálogo social.
Durante el año 2024 se llevaron a cabo foros en diversos estados del país, con la participación del Gobierno Federal, trabajadores y empresarios, con el objetivo de alcanzar consensos.
Posteriormente, el 3 de diciembre de 2025, se envió a la Cámara de Senadores el proyecto de reforma, del cual destacan los siguientes puntos: la disminución de la jornada laboral sin reducción salarial y su implementación gradual hasta llegar a 40 horas semanales; la regulación de las horas extraordinarias, que no podrán exceder de 12 horas a la semana, distribuidas hasta en cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días; la implementación de un registro electrónico de la jornada laboral, en el que se documente el inicio y término de actividades de cada persona trabajadora, mismo que deberá ser proporcionado a la autoridad cuando así se requiera; así como la actualización del concepto de jornada de trabajo, precisando que esta se desarrolla bajo una relación de subordinación y con una duración ordinaria de 40 horas semanales.
Zamorano Mendoza explicó que la reducción de la jornada laboral es un tema que involucra tanto al sector privado como al sector público. Las iniciativas de reforma incluyen a todos los trabajadores, incluidos los servidores públicos, lo que implicará para el gobierno la alineación de horarios, especialmente en áreas de seguridad y atención ciudadana, así como el pago de prestaciones como horas extras y prima dominical.
Legisladores han señalado que esta reforma no solo responde a criterios de salud, productividad o economía, sino que constituye un tema de Derechos Humanos.
En el estado de Puebla, de acuerdo con datos del INEGI, el 97.2% de las unidades económicas son microempresas que emplean hasta 10 personas; las PYMES, que emplean de 11 a 250 personas, representan el 2.7%; y las grandes empresas, con más de 250 personas trabajadoras, apenas el 1%. Por ello, es indispensable considerar el impacto diferenciado que tendrá la reducción de la jornada, la limitación de horas extra y la implementación de registros electrónicos, especialmente para las micro y pequeñas empresas. Será necesario que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita reglas claras sobre estos controles.
Desde el CCPEP se invita a los empleadores a prepararse mediante la implementación de nuevas formas de incentivar la productividad; la generación de una cultura organizacional orientada a realizar las mismas actividades en menor tiempo; el desarrollo de planes económicos que contemplen el impacto en nómina por horas extra o nuevas contrataciones; el diseño de estrategias comerciales acordes con la nueva jornada; y el establecimiento de controles eficientes que permitan evaluar su impacto financiero.
Hasta el momento, no se ha anunciado ningún estímulo fiscal para los empleadores, ya que la Ley de Ingresos para 2026 no lo contempla. Resulta relevante que las autoridades consideren apoyos fiscales o incentivos en cuotas de seguridad social, especialmente para las MIPYMES, que enfrentan el mayor riesgo de cierre.
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