Con la finalidad de garantizar los derechos de los pueblos originarios y proteger a los grupos vulnerables, la diputada Elisa Limon Balderrabano impulsó exhortos dirigidos a la Fiscalía General del Estado, al Instituto Especializado en la Defensoría Pública, al Consejo de la Judicatura y al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
La legisladora mencionó que estos acuerdos, aprobados por la Comisión Permanente, derivan del trabajo territorial, de escuchar las necesidades, preocupaciones y propuestas de las y los ciudadanos poblanos, particularmente de comunidades con mayores condiciones de vulnerabilidad.
Entre los puntos avalados, destaca el exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado y al Instituto Especializado de la Defensoría Pública para implementar jornadas de atención jurídica en municipios con altos niveles de marginación, con el objetivo de acercar los servicios a la población y reducir las barreras que limitan el acceso a la justicia.
“Muchas personas enfrentan diferentes dificultades económicas, geográficas, e incluso lingüísticas para acceder a servicios de justicia y con este acuerdo, buscamos que se acerquen todos esos servicios, para hacer más fácil todo el proceso”, indicó.
De igual forma, se aprobó el exhorto al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para la realización de un estudio técnico y diagnóstico territorial que permita evaluar la creación, reubicación o redistribución de órganos jurisdiccionales, priorizando aquellas regiones con mayores tiempos de traslado y rezago en el acceso a servicios judiciales.
En el mismo sentido, fue aprobado el exhorto para fortalecer la infraestructura y el equipamiento tecnológico de los juzgados del interior del estado, con la finalidad de garantizar la adecuada implementación del sistema de oralidad en materia civil y familiar.
Asimismo, se aprobó el punto de acuerdo para que el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas fortalezca los mecanismos de coordinación institucional con municipios y dependencias estatales, a fin de incorporar de manera efectiva el enfoque de derechos de los pueblos y comunidades indígenas en las políticas públicas.
Finalmente, la diputada destacó la presentación de una iniciativa para expedir la Ley de Responsabilidad y Reparación del Daño por Maltrato Animal del Estado de Puebla, la cual tiene como objetivo establecer un marco jurídico integral que no solo sancione el maltrato, sino que garantice la protección efectiva de los seres sintientes.
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