Con el propósito de avanzar en la homologación del delito de abuso sexual en el país y fortalecer los derechos de las mujeres, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que las víctimas cuenten con un marco legal que facilite la denuncia, brinde acompañamiento especializado y asegure que las sanciones impuestas sean proporcionales y eficaces para prevenir la reincidencia y proteger a la sociedad.
Esta reforma actualiza el tipo penal, amplía los supuestos de abuso, elimina ambigüedades, establece agravantes más severas e incorpora medidas reeducativas obligatorias, porque “no basta con castigar, también se debe transformar”, afirmó la legisladora.
Asimismo, señaló que con esta iniciativa “se pretende cerrar filas contra el acoso, contra el abuso y contra toda forma de violencia sexual en la entidad. El compromiso es claro y urgente: presentar reformas de fondo, reformas que dejen de normalizar el abuso, que dejen de minimizarlo y que dejen de justificarlo, porque Puebla no será tierra de silencios, será tierra de garantías”.
La propuesta legislativa, que busca reformar los artículos 260, 261, 262 y 263 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
Por otra parte, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado, con el fin de establecer que todas las personas son iguales ante la ley, con el objetivo de consolidar el compromiso del gobierno y la sociedad poblana con los derechos humanos, la justicia y la equidad.
La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
De igual manera, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil presentó una iniciativa para reformar el artículo 278 del Código Penal del Estado, con el objetivo de indicar que, cuando se cometa el delito de estupro o violación y la víctima quede en estado de embarazo, se presumirá la existencia de un daño grave a su salud física y psicológica.
Para su análisis correspondiente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
En su momento, la diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó una iniciativa para adicionar el artículo 193 Bis al Código Penal del Estado, con el propósito de tipificar el delito de participación en competencias de velocidad ilícitas en vías públicas a quien, conduciendo un vehículo automotor, participe en carreras o arrancones realizados en las vías públicas a que se refiere el artículo 187 de este Código, sin contar con la autorización expresa y por escrito de la autoridad competente, lo que ponga en peligro la vida o integridad de terceras personas o la seguridad vial.
La propuesta de la diputada fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Elías Lozada Ortega presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal, para establecer que a quien intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal, provocándole la muerte, se le impondrán de cinco a ocho años de prisión y multa de doscientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización.
Para su análisis correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
En más del orden del día, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para adicionar el artículo 82 Sexies al Código Penal del Estado, con el propósito de agravar la sanción de los delitos cometidos mediante el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, comúnmente conocidas como drones, y establecer que cuando estos sean empleados para la comisión de algún delito, las sanciones previstas en el tipo penal se aumentarán en una mitad.
La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
También, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de establecer que cuando la persona deudora alimentaria incumpla total o parcialmente con el pago de las pensiones provisionales o definitivas fijadas en resolución judicial o convenio aprobado judicialmente, se generarán intereses moratorios.
La iniciativa, que propone reformar los artículos 690 y 693, y adicionar el artículo 442 Bis al Código de Procedimientos Civiles para el Estado, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Durante el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva turnó a comisiones generales las siguientes propuestas legislativas:
-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de dotar al derecho de petición de un plazo máximo claro de treinta días naturales, garantizar que toda persona reciba respuesta —aunque sea inicial— sobre el tiempo que tomará una respuesta más completa, y modernizar su notificación mediante medios electrónicos preferentes, sin limitar el acceso de quienes no cuenten con estas herramientas.
Para su análisis correspondiente, la propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
-Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para reformar el artículo 510 del Código Civil para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que si la necesidad del alimentista proviene de mala conducta acreditada, el juez, con conocimiento de causa, podrá disminuir o, en su caso, cancelar la cantidad destinada a los alimentos, siempre que dicha cancelación no afecte el interés superior de la niñez ni la subsistencia mínima de personas en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa se dirigió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio procedente.
-Iniciativa de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez para reformar y adicionar el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de garantizar la eficacia real del derecho alimentario, incorporando el pago de intereses moratorios, no solo para incentivar el cumplimiento oportuno y evitar con ello la mora alimentaria, sino también para garantizar una reparación mínima frente al retraso injustificado, logrando con ello fortalecer la tutela judicial efectiva del derecho a recibir alimentos, es decir, que pueda ser plenamente exigible, adecuado y suficiente para proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
La propuesta de la diputada fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
-Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para adicionar el Código Penal del Estado, con el objetivo de tipificar y sancionar el fraude financiero digital cometido mediante aplicaciones de préstamo conocidas como montadeudas, a través del acceso abusivo a datos personales, la manipulación de condiciones de pago, la generación de “deudas fantasma” y la utilización de amenazas, difusión no consentida de información o violencia digital para exigir el cobro.
Para su estudio y resolución correspondiente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
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