Tipificar el delito de cohabitación forzada en el Código Penal del Estado es proteger a niñas, niños y adolescentes, para combatir prácticas que vulneran su libertad, dignidad e integridad, aseguró la diputada Susana del Carmen Riestra Piña al presentar la iniciativa en la tribuna del Congreso.
La propuesta legislativa plantea reformar el artículo 128 Bis y adicionar una sección novena denominada “Cohabitación Forzada”, con el fin de sancionar a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de 18 años —o a quien no tenga capacidad para comprender— a integrarse a una unión de hecho, informal o consensuada equiparable al matrimonio.
El proyecto establece penas de ocho a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa, con agravantes cuando la víctima pertenezca a un pueblo, comunidad indígena o afromexicana, o sea una persona con discapacidad.
Asimismo, propone que el delito de cohabitación forzada sea imprescriptible, toda vez que en este tipo de conductas la denuncia suele ser tardía debido al miedo, la dependencia y la presión familiar o comunitaria.
Esta iniciativa responde a un fenómeno que persiste en el país y en la entidad, particularmente en contextos de alta vulnerabilidad, refirió Susana Riestra, al advertir que cuando el Estado prohíbe prácticas como el matrimonio infantil, pero no las sanciona penalmente, se genera impunidad.
Añadió que, “ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos de las niñas y adolescentes”, y llamó a que el Congreso asuma su responsabilidad constitucional de garantizar el interés superior de la niñez mediante un marco jurídico claro, eficaz y congruente con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
En su participación, reconoció públicamente a las legisladoras que se sumaron e impulsaron juntas la propuesta, por su compromiso y altura de miras, Delfina Pozos, Luana Amador, Celia Bonaga, Azucena Rosas, Leonela Martínez, Esther Martínez, Fedrha Suriano y Araceli Celestino.
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