En el Pleno del Senado de la República, Liz Sánchez, del Partido del Trabajo, propuso una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para buscar que el delito de extorsión se considere de gravedad y amerite prisión preventiva oficiosa. La propuesta surge en respuesta al impacto devastador que este delito tiene en todo el país.
En su intervención, Liz Sánchez subrayó la urgencia de fortalecer el marco legal para enfrentar el delito de extorsión, actualmente el tercer delito más frecuente en México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Este dato no es solo una cifra; es una realidad que afecta a miles de mexicanos, a nuestras familias, amigos y comunidades”, declaró. La senadora recalcó que esta problemática no solo genera pérdidas económicas, sino también heridas emocionales y psicológicas profundas en las víctimas, afectando la cohesión social.
En atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, la legisladora argumentó que incluir la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva es una medida indispensable para proteger a las víctimas y frenar el avance de este flagelo. La iniciativa presentada se enmarca en los esfuerzos de la Cuarta Transformación para garantizar la justicia y seguridad de todas y todos los mexicanos.
La senadora reafirmó su compromiso con las instituciones de justicia para fortalecerlas con las herramientas necesarias que permitan combatir la extorsión de manera firme. Señaló que esta reforma enviará un mensaje claro a los delincuentes: no podrán evadir la justicia. Por ello, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros senadores para respaldar esta iniciativa.
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