La Auditoría Superior de la Federación (ASF) –organismo dependiente de la Cámara de Diputados—detectó un nuevo fraude a la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), por 2 mil 577 millones de pesos, cantidad que se suma a los más de 12,000 millones de pesos, denunciados y no aclarados por las instancias jurídicas del gobierno de la República.
Tras la denuncia presentada por la ASF ante un juez federal, se procedió, como primer paso, al aseguramiento de las cuentas bancarias de los presuntos implicados y responsables de actividades de compra y venta de mercancías, entre las que destacan granos básicos, productos alimentarios procesados y leche, destinados para su comercialización a precios reducidos entre la población que enfrenta condiciones de pobreza y pobreza extrema de todo el país.
Mientras tanto, una vez que el primer fraude fue del conocimiento público, el director general de SEGALMEX, Ignacio Ovalle Fernández, no solamente fue perdonado “por haber sido engañado por funcionarios de menor rango”, según dijo el primer mandatario López Obrador, en su momento, quien le ofreció un empleo (como Director General) en la Secretaría de Gobernación, mientras se avanzaba en las investigaciones.
Inspectores de la ASF presentaron 18 denuncias ante la Fiscalía General de la República, referentes a que el personal directivo de SEGALMEX no presentó la documentación correspondiente al gasto de 2 mil 577 millones de pesos, cantidad que se refiere a egresos por productos de gasto corriente, como garrafones con contenido de agua, costales y envases para granos, tarimas utilizadas en la estiba de granos y toda clase de mercancías. De acuerdo con información recabada, estos materiales nunca ingresaron a las respectivas bodegas de inventarios.
En esta segunda sustracción ilegal de recursos de la empresa SEGALMEX, la ASF detectó desvíos por “outsoursing” (contratación de proveedores externos), por un monto de mil 385 millones de pesos. El mecanismo consistía en establecer contratos con “pago inmediato” y “entrega postergada” a empresas como “Team Business Management” y “Esespa”, hasta por 181.1 millones de pesos, así como costalera de “polipropileno”, por 67.2 millones de pesos y tarimas que se pagaron por adelantado y no fueron entregadas jamás a la empresa.
En otro orden, también fueron identificados por inspectores de la Auditoría Superior de la Federación, faltantes por alrededor de 100 millones de pesos, pagados por adelantado, correspondientes a la compra de 1.8 millones de envases de garrafones. De igual modo, en otro desvío por concepto de envases PET, por 100 millones de pesos anticipados, que jamás se entregaron.
En determinadas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de explicar que el fraude no ascendió a más de 15 mil 500 millones de pesos, sino que solamente era por 10 mil 500 millones, adelantando que ya se habían hecho recuperaciones y que el resto sería devuelto por 40 personas, entre funcionarios y empleados comunes, que habían sido encarcelados y detenidos por las autoridades correspondientes. Esta promesa no se pudo corroborar.
La mayor parte del saqueo a SEGALMEX, se realizó precisamente durante el mandato de Ignacio Ovalle, en su calidad de director general de la empresa, sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al mando del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula.
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