Al resaltar que nunca más debe usarse el poder público para callar a representantes populares y medios de comunicación, José Juan Espinosa Torres informó que una vez que el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, responda la denuncia que presentó por las irregularidades que se cometieron en su contra, presentará otra acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR) por acciones simuladas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En conferencia de medios, este lunes, advirtió que el inicio de esta serie de acciones jurídicas es para evitar que desde el Congreso del Estado se permitan excesos por parte del gobernador en turno.
“Que se sancione a quienes siendo compañeros diputadas y diputados fueron los primeros en confabular para censurar una representación popular, un cargo legislativo.
La denuncia que presenté no es en contra de la LXI Legislatura, es en contra de la Mesa Directiva de la LX Legislatura y en particular en contra de la diputada que en ese entonces siendo presidente, sin someter a votación o a un acuerdo, decretó la destitución de un legislador”, expuso.
En este contexto, agregó que la Constitución refiere que un legislador sólo puede dejar el cargo ante la solicitud de una licencia, renuncia, por actos delictivos comprobables o por muerte, más no por la decisión de una legisladora o legislador.
Pese a lo anterior, acusó que su salario fue cobrado, así como el concepto de apoyo parlamentario, cantidad que asciende a más de 1 millón de pesos. No obstante, dijo desconocer el destino de este dinero.
Aunque, en caso de ser devuelto, aseguró que el total se irá destinado a la gente afectada por el paso del huracán Otis en Acapulco.
Recordó que desde el Gobierno del Estado -que encabezó Miguel Barbosa Huerta- se violentó el sueño de alcanzar un estado con libertades, además de que se afectó el bolsillo de las y los poblanos con la renovación de placas.
Espinosa Torres señaló que, en su momento, como diputado local advirtió sobre los errores en el nombramiento de funcionarias y funcionarios en el gabinete barbosista, al cual calificó como el más corrupto en la historia reciente de Puebla.
También hizo mención sobre el nombramiento de personajes, entre ellos, el ahora ex titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, así como de la también ex titular de la Secretaría de Finanzas, Teresa Castro Corro, que carecían de los requisitos requeridos por el mismo Poder Legislativo Local para desempeñar un buen papel.
Sobre este último ejemplo, José Juan Espinosa cuestionó sobre el hoyo financiero de más de 700 millones de pesos.
“Fueron tres años lejos de la vida pública, lejos de casa y lejos de Puebla, resultado de un periodo gris y muy perverso en lo que fue el ejercicio del poder público en el estado de Puebla. El tiempo nos dio la razón y aquí estamos con la frente en alto, mirándolos a los ojos porque no tenemos nada que ocultar y nada de que avergonzarnos.
Fue en diciembre de 2020 cuando ya no puede regresar a Puebla, yo estaba en México cuando fui advertido de toda una confabulación desde el poder, donde participó un fiscal especial. Desde esa fecha, también fui advertido que desde la Secretaría de Seguridad Pública tenían un plan para encerrarme y callarme”, agregó.
Afirmó que se usó todo el aparato de estado, desde la Secretaría Finanzas, para perseguir y auditar a todos sus familiares, pero también, aseguró que se usó el área de Comunicación Social del Congreso del Estado, a cargo de Verónica Vélez Macuil, para afectarlo mediante una perversa estrategia que se extendió hasta su llegada al Congreso del Estado.
Espinosa Torres aclaró que no hay ningún tema en contra de la actual legislatura del Congreso del Estado y precisó que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina está limpiando lo que la pasada administración estatal hizo de forma ilegal.
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