Ante el incremento de prácticas de despojo inmobiliario, el Gobierno de Puebla turnó al Congreso del Estado una iniciativa de reforma legislativa para endurecer las sanciones contra este delito, informó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra. Este acto delictivo afecta principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y comunidades indígenas.
El funcionario estatal explicó que la iniciativa enviada al poder legislativo contempla un incremento de las penas de prisión y sanciones económicas. Detalló que la sanción pasará de 6 a 12 años de prisión, además de que la multa oscilará entre 100 y mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
La propuesta de reforma profundiza las penas para quien financie o sea autor intelectual de este tipo de delitos, con pérdida de la libertad entre 7 y 15 años; y multas de mil a 3 mil UMAS.
“Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción. Ahora está en manos de las y los diputados. Desde luego que ellos analizarán y harán lo que corresponda”, afirmó García Parra.
El propósito de la iniciativa es limitar la comercialización de tierras, la lotificación o la especulación inmobiliaria a través del despojo de bienes inmuebles, en la que participan dolosamente notarios públicos. La pena aumentará hasta en una tercera parte cuando el despojo tenga una finalidad lucrativa. La sanción también se incrementará si se utilizan documentos falsos, se inscriben actos simulados en el Registro Público de la Propiedad o existe participación dolosa de un notario público para facilitar o encubrir el delito.
Con estas acciones, el Gobierno de Puebla protege el patrimonio y la legalidad; así como defiende los derechos de sectores vulnerables, al tiempo de fortalecer el marco jurídico para combatir el despojo inmobiliario.
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