Para garantizar el acceso a la justicia, fortalecer a las instituciones públicas y dar certeza de sus funciones, el Congreso del Estado de Puebla aprobó diversas reformas al Poder Judicial y expidió seis nuevos ordenamientos, destaca el Segundo Informe de Actividades de la LXI Legislatura.
Con el propósito de garantizar el acceso universal a la justicia y abonar en la construcción de instituciones responsables y eficaces, en cumplimiento a la reforma a la Constitución local en materia judicial, la LXI Legislatura aprobó seis nuevos ordenamientos.
De esta forma, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla; la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Puebla; la Ley de Carrera Judicial del Estado de Puebla; la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Puebla; la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla.
Durante el segundo año de Legislatura, se realizaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla para, entre otros aspectos, precisar que el Consejo de Vigilancia ejerza a plenitud la función de órgano vigilante, configurar como de especial gravedad los conflictos de interés y robustecer el régimen de responsabilidades administrativas de las y los funcionarios, así como aclarar y especificar diversas facultades de los órganos jurisdiccionales.
En el mismo sentido, se realizó el nombramiento de una magistrada y un magistrado integrantes del Consejo de la Judicatura; cinco magistradas y magistrados integrantes de la Sala Constitucional; cuatro magistradas y magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa; así como dos magistrados integrantes de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En materia de procuración de justicia, destaca que el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para establecer como agravante del delito de robo cuando se trate de vehículos motorizados o no motorizados y sean empleados por la víctima como un medio de transporte, o como herramienta de trabajo, o cuando sirva para el desplazamiento de una persona que por sus condiciones de salud o físicas le sea indispensable para movilizarse.
Además, se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla con el objetivo de crear la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes misma que tiene a su cargo la investigación y persecución de los delitos previstos y sancionados por la Ley General en la materia.
La LXI Legislatura también aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla para crear la Unidad Especializada en materia de Seguridad Vial, con la finalidad de garantizar los derechos de las víctimas de siniestros viales y de sus familias, el acceso a la justicia y la reparación del daño, así como evitar la revictimización.
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