Un juez de control del estado de Puebla dictó una sentencia histórica de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, tras ser hallado culpable como autor intelectual del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez.
López Zavala fue candidato del PRI a la gubernatura en las elecciones de 2010; también fue diputado local, federal y secretario de Gobernación en el sexenio de Mario Marín Torres.
Esta condena representa la pena máxima prevista por la legislación penal para este delito en la entidad de Puebla, marcando un precedente significativo en la lucha contra la impunidad en crímenes de violencia de género que involucran a figuras del poder político.
El HOMICIDIO
El crimen que conmocionó a la sociedad mexicana ocurrió la mañana del 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula. Según las investigaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), Cecilia Monzón fue perseguida y atacada a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras conducía su vehículo. Las indagatorias revelaron que el ataque no fue un hecho aislado, sino una ejecución planeada derivada de las disputas legales que la activista sostenía con López Zavala por la pensión alimenticia de su hijo en común.
LOS CÓMPLICES
Las pruebas recabadas durante el proceso judicial confirmaron que el exfuncionario estatal no solo ordenó el asesinato, sino que proporcionó el arma de fuego y la motocicleta a los ejecutores materiales. Entre los cómplices se identificó a su sobrino, Jair “N”, ya un sicario identificado como Silvestre “N”, quienes habrían seguido las instrucciones precisas del político para interceptar a la víctima. Ambos recibieron este día la misma condena de 60 años de cárcel. El juez también estableció a los tres una multa de 1000 UMAS.
La resolución del juez se basó en una sólida cadena de custodia y testimonios que desvirtuaron las estrategias de defensa del sentenciado.
Finalmente, este caso trasciende la sentencia individual, pues dio origen a la llamada “Ley Monzón“, la cual ha sido aprobada en diversos estados de la República. Esta reforma legislativa permite retirar de manera automática la patria potestad de los hijos a aquellos padres que se encuentren vinculados a proceso o hayan sido sentenciados por el feminicidio de la madre. Con este fallo, se cierra un capítulo judicial doloroso, pero se consolida una herramienta jurídica vital para la protección de los menores en situación de orfandad por violencia feminicida.
No olvides seguirnos en FACEBOOK, TWITTER y TIKTOK
