Por unanimidad, el Pleno de la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Durante su posicionamiento, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Mónica Silva Ruiz explicó que esta reforma, enviada por la Cámara de Senadores, busca establecer distintas hipótesis como causa de suspensión de derechos y prerrogativas de las y los ciudadanos.
Detalló que no podrá acceder a cargos de elección popular y ser nombrado para empleo, cargo o comisión del servicio público, la persona que tenga sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por vi por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En su intervención, la diputada Yolanda Gámez Mendoza expresó que la aprobación de estas reformas representa un logro para obtener una justicia pronta y expedita, se pronunció a favor de la creación de un padrón de deudores alimentarios.
Mientras que la diputada Laura Zapata Martínez reconoció el trabajo de la ciudadanía para impulsar la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia, así como su aprobación en el Congreso de la Unión, también informó que a nivel nacional ya son 20 estados los que han avalado este dictamen y la reforma tenga un rango Constitucional.
La diputada Ruth Zárate Domínguez compartió en Tribuna su experiencia ante una denuncia por violencia política de género y resaltó la manera en la que ha avanzado la legislación para garantizar y proteger los derechos de las mujeres.
En tanto que la diputada Tonantzin Fernández Díaz señaló que el Congreso del Estado respalda la lucha de las mujeres que han alzado la voz para que no haya agresores en el poder, los derechos de todas sean garantizados y se transite a una sociedad libre de violencia. Mientras que la diputada Aurora Sierra Rodríguez expuso que debe haber castigos ejemplares, pero también analizar como sociedad lo que se debe hacer para erradicar la violencia.
PRESENTAN INICIATIVAS PARA MODIFICAR LA LEY DE CULTURA Y EL CÓDIGO PENAL
La Mesa Directiva del Congreso dio cuenta de la iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para modificar la Ley de Cultura, con el objetivo de actualizar los nombres de dependencias con base en lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
La legisladora propone modificaciones al artículo 32 y 57 de la Ley de Cultura, para precisar que la Secretaría de Desarrollo Social ahora es Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Educación Pública se denomina Secretaría de Educación.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente.
Asimismo, la Mesa Directiva dio cuenta de la iniciativa de la diputada Yolanda Gámez Mendoza para modificar diversas disposiciones del Código Penal, con el objetivo de indicar que se sancionará con una pena de 50 a 70 años de prisión cuando la víctima de feminicidio sea menor edad, adulta mayor o con discapacidad y cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución procedente.
En asuntos generales, la diputada Jocelyn Olivares López presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla, a fin de modificarla para que contenga un lenguaje inclusivo.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado para su estudio y resolución procedente.
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