La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXI Legislatura aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Administración Pública Estatal a abstenerse de solicitar el juicio de interdicción, como requisito para que las personas con discapacidad puedan realizar algún trámite.
El diputado presidente de esta Comisión, Eduardo Castillo López, indicó que el objetivo es salvaguardar la autonomía y los derechos de las personas mayores de 18 años, especialmente aquellas con discapacidad, pues así se promueve la plena inclusión y participación en la sociedad.
Además, se promueve que las familias poblanas tengan mejores accesos a los servicios públicos estatales, pues así lo mandata el Artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares vigente, agregó Castillo López.
De acuerdo con las leyes mexicanas vigentes, un juicio de interdicción es un procedimiento legal que se realiza ante un juez de lo familiar para proteger los bienes y derechos de una persona mayor de edad con alguna discapacidad que le impediría ejercer su capacidad jurídica. El juez declara el “estado de interdicción” de la persona con discapacidad y nombra a un tutor para representarla ante asuntos legales.
Sin embargo, al entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles, en su Artículo 19 transitorio ordena que se derogan todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos de interdicción que reduzcan la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años.
En ese sentido, la propuesta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia es que las diferentes áreas de la Administración Pública Estatal dejen de solicitar ese juicio como requisito.
En la sesión de esta comisión también participaron las diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia, Silvia Tanús Osorio y Yolanda Gámez Mendoza, así como el diputado Gerardo Hernández Rojas.
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