Las personas impartidoras de justicia tienen como reto no solo profesionalizarse para juzgar con perspectiva de género, sino garantizar que los criterios y marcos normativos se reflejen efectivamente en la vida de la gente, coincidieron magistradas durante el conversatorio “Buenas prácticas en la administración de justicia desde un enfoque de perspectiva de género y derechos humanos”, convocado por el Poder Judicial del Estado de Puebla en el marco de los 16 Días de Activismo y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El conversatorio tuvo como objetivo propiciar un espacio para el intercambio de experiencias en materia de administración de justicia con perspectiva de género entre el Poder Judicial del Estado de Puebla y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, abordando las barreras estructurales para lograr la igualdad de género, los retos y avances en la impartición de justicia con perspectiva de género y las experiencias desde la profesión y competencia de las magistradas participantes.
En su intervención, la Magistrada Idamis Pastor, Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, abordó los retos que persisten como la capacitación para el personal, aplicación de protocolos adecuados, acceso desigual a recursos legales, entre otros factores que impactan negativamente en la impartición de justicia efectiva.
Destacó que, si bien se han implementado reformas y marcos normativos para garantizar la paridad de género, protocolos para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género, es fundamental crear un entorno judicial que refleje nuevos valores de equidad e igualdad.
La Magistrada Margarita Gayosso, en representación de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Belinda Aguilar Diaz, destacó el creciente papel y participación de las mujeres en el Poder Judicial del Estado, pues actualmente dos mujeres encabezan tribunales, además de que la Sala Constitucional se integra en su mayoría por mujeres.
Recordó que previo a la reforma de Derechos Humanos de 2011, los impartidores de justicia dudaban sobre la implementación de la perspectiva de género, sin embargo, se ha avanzado en leyes y herramientas que ahora les permiten comprender las condiciones particulares de cada caso y cuyas valoraciones deben reflejarse en las resoluciones.
De igual forma, refirió que un gran reto es la formación y profesionalización, pues el gremio de la abogacía también ha crecido conforme a las necesidades de cambio de paradigma en los sistemas de justicia y exigen mejor desempeño de las impartidoras e impartidores de justicia.
Por su parte, la Magistrada de la Sala Constitucional, Emma Mónica Garibay, subrayó que la violencia de género no se limita a los procedimientos familiares, sino que alcanza otras materias y ámbitos, lo que obliga a las y los juzgadores a estar alertas ante posibles elementos de violencia.
“Coincido en que tenemos de sobra instrumentos legales en que los juzgadores nos podemos apoyar y específicamente en materia de género, sobre la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, pero más allá de la causa tratemos de entender que la prevención está en nuestras manos. El reto que enfrentamos como juzgadores es cómo aterrizamos el marco legal y lo ponemos a disposición de una persona que pide justicia”, señaló.
En su intervención como moderadora, la Magistrada Luz María Aguirre Barbosa del Tribunal de Justicia Administrativa, resaltó las coincidencias entre las ponentes, como; la importancia de interiorizar la perspectiva de género.
En este sentido, consideró relevante la reciente firma de compromisos del Poder Judicial, pues solo con juzgadoras y juzgadores sensibilizados se puede aplicar efectivamente la perspectiva de género y combatir las desigualdades sociales.
Al evento asistieron Consejeras, Consejeros, Magistradas y Magistrados del Poder Judicial del Estado, así como personal jurisdiccional y titulares de los Órganos Auxiliares.
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