El gobierno estatal está comprometido con el bienestar de la sociedad pero también es responsable con sus obligaciones fiscales, por lo que recientemente pagó 2 mil 600 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un litigio derivado de una solicitud de devolución de impuestos realizada en 2015 por el entonces gobierno estatal.

En conferencia de prensa, el gobernador Sergio Salomón reconoció que este pago afecta al estado porque esos recursos representan acciones gubernamentales, sin embargo, anunció que gestionará presupuesto y partidas ante las instancias federales y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, garantizó que esta situación no impactará las necesidades prioritarias de la población, como el salario de maestros, médicos y policías, así como tampoco programas estratégicos y el cumplimiento de las obligaciones y el gasto comprometido. En ese sentido, descartó la contratación de una línea de crédito.

Sergio Salomón advirtió que el gobierno estatal iniciará las acciones pertinentes para proceder contra quien o quienes resulten responsables de estas omisiones.

“Nosotros vemos con tristeza cuando no hay una responsabilidad propia, si hay un conocimiento o no de la ley, hay acciones que generan dolo y eso es algo que nos lastima a todos los poblanos y poblanas”, dijo.

PAGO DERIVA DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS POR EL ENTONCES GOBIERNO ESTATAL DE 2015: CASTRO CORRO

Por su parte, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro explicó que en 2015 el entonces gobierno estatal contrató un despacho en asesoría fiscal, que le recomendó a las autoridades estatales solicitar la devolución de impuestos de 2009 y 2010 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que Puebla recibió 702 millones de pesos a finales de 2015 y principios de 2016.

Sin embargo, en 2018 el SAT determina que la devolución fue incorrecta, dado que la solicitud fue sustentada en una disposición de 2008: “se hizo retroactiva una disposición cuando todavía el gobierno ni siquiera estaba adherido a las disposiciones fiscales y Puebla se adhiere hasta el 2011 y al no tener la legalidad lo toman como un acto de dolo”, dijo.

Refirió que, ante esta situación, las autoridades fiscales le determinaron a Puebla un crédito fiscal, el cual podía pagar o litigar, por lo que el gobierno estatal decidió buscar la vía legal, sin embargo, el monto aumentó de 2018 a la fecha de 700 a 2 mil 700 millones de pesos (aplicando una quita de 100 millones de pesos), erogándose mensualmente entre 20 y 30 millones de pesos por el litigio.

Explicó que, previo análisis, el gobierno de Sergio Salomón determinó cumplir con el pago, lo cual fue posible gracias a las finanzas sanas de Puebla. Puntualizó que la política de austeridad se hará más estricta, sin afectar programas o estrategias gubernamentales.